Cuando la regulación no alcanza: los sectores digitales que operan en zonas grises en Latinoamérica

Hay una frase que se repite en cada foro de tecnología, en cada congreso de regulación digital y en cada mesa redonda sobre economía latinoamericana: “la ley va detrás de la realidad”. Y es cierta. Pero lo que nadie dice tanto es lo que pasa cuando la ley finalmente llega y, en lugar de ordenar el mercado, lo complica aún más. Porque en América Latina la regulación digital no solo llega tarde. A veces llega mal.

El resultado es un paisaje de zonas grises que afecta a millones de usuarios y a miles de empresas. Sectores enteros operan en un limbo donde nadie sabe muy bien qué está permitido, qué está prohibido y qué simplemente no se ha legislado porque el legislador ni siquiera entiende de qué va el asunto. Fintech, criptomonedas, plataformas de transporte, comercio electrónico transfronterizo y ocio digital: todos comparten el mismo problema de fondo.

México es, probablemente, el caso más ilustrativo de esta tensión. Y 2026, con un Mundial de fútbol en la puerta y reformas fiscales recién estrenadas, se presenta como el año en el que muchas de estas contradicciones van a quedar expuestas.

El caso mexicano: una ley de 1947 para un mercado de 2026

Empecemos por lo más llamativo. La Ley Federal de Juegos y Sorteos que rige la industria del entretenimiento con apuestas en México fue promulgada en 1947, durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Fue pensada para regular rifas, sorteos y ferias itinerantes. Ni internet existía cuando se redactó, ni las apuestas online, ni los métodos de pago electrónicos, ni el concepto mismo de plataforma digital.
Casi ochenta años después, esa ley sigue siendo el marco de referencia para un mercado que ya supera los 10.000 millones de dólares anuales. Las plataformas de apuestas digitales solo pueden operar legalmente en México como extensión de una licencia física otorgada a un casino presencial por la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Los permisos no se asignan directamente a cada operador digital, sino a permisionarios que cobijan a múltiples plataformas bajo su paraguas.
Según la Asociación de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), el 60% de las plataformas de apuestas online que operan en el país lo hacen en un mercado gris o directamente ilegal. Solo el 40% tiene algún tipo de vinculación con una licencia regulada. El presidente de la AIEJA, Miguel Ángel Ochoa Sánchez, lo ha dicho sin rodeos: el mercado ilegal compite abiertamente contra el legal, y la falta de un marco actualizado lo facilita.
La subida fiscal de 2026: regular o recaudar, esa es la cuestión
En noviembre de 2025, el Senado mexicano aprobó aumentar la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a los juegos de azar online del 30% al 50% sobre el valor total de las apuestas. La reforma entró en vigor el 1 de enero de 2026. La Secretaría de Hacienda prevé recaudar 5.000 millones de pesos adicionales gracias a esta medida.
Sobre el papel, la lógica es clara: un sector que genera miles de millones debe contribuir proporcionalmente al fisco. El problema es que subir impuestos sin modernizar la ley que regula el sector es como poner una multa de tráfico en una carretera sin señalizar. Los operadores legales absorben la carga fiscal mientras los ilegales, que no pagan nada, se vuelven más competitivos por contraste.
Y no es una especulación teórica. Operadores internacionales como Codere, Novibet o Betcris ya han advertido públicamente que la sobre-regulación fiscal puede provocar un efecto boomerang: cuando los costos de cumplimiento se disparan, el segmento legal encoge y el ilegal se infla. Aviv Sher, CEO de Codere, lo resumió con claridad en la cumbre SBC de Lisboa: México no tiene una regulación real, tiene concesiones heredadas de mediados del siglo pasado.
No es solo México: el mapa regulatorio de Latinoamérica
Sería injusto señalar solo a México. El desfase entre mercado digital y legislación es un patrón que se repite con matices distintos en casi toda la región. Cada país ha elegido un camino diferente, y ninguno ha encontrado todavía la fórmula perfecta.




País


Estado regulatorio


Ley principal


Problema identificado




México


Marco obsoleto


Ley Federal de Juegos y Sorteos (1947)


No contempla plataformas digitales




Brasil


Regulación nueva (2025)


Marco propio para iGaming


Implementación en proceso




Colombia


Regulado (Coljuegos)


Ley 643 de 2001 + decretos


Mercado ilegal aún amplio




Argentina


Regulación provincial


Leyes por provincia (LOTBA, etc.)


Fragmentación normativa




Chile


Proyecto de ley avanzado


Ley de Casinos + proyecto online


Aprobación pendiente




Perú


Ley aprobada (2025)


Ley de Apuestas a Distancia


Homologación con sector físico




Fuente: elaboración propia con datos de SBC Noticias, AIEJA, Softswiss y legislaciones nacionales (2025-2026).
Brasil es el caso más interesante por contraste. Mientras México sigue parchando una ley de hace 78 años, Brasil construyó desde cero un marco regulatorio para el juego online que entró en vigor en enero de 2025, con verificación biométrica obligatoria, certificaciones ISO 27001 y multas severas para operadores incumplidores. No es perfecto, pero demuestra que legislar para lo digital es posible si hay voluntad política.
Colombia, por su parte, lleva años con Coljuegos como autoridad reguladora, y Argentina funciona con un modelo provincial donde cada jurisdicción define sus reglas. Ambos tienen mercados grises amplios, pero al menos cuentan con un regulador identificable y con reglas escritas para lo digital. Algo que México todavía no tiene.
La paradoja de la sobre-regulación: cuando proteger al usuario lo expulsa
Hay un debate que cruza todos estos mercados y que merece una reflexión honesta: ¿qué pasa cuando la regulación, en su afán de proteger, termina empujando al usuario hacia exactamente lo que pretendía evitar?
El caso de España es el más documentado y el que más se cita en los foros de la industria como ejemplo de lo que puede salir mal. El mercado español de apuestas online está regulado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) con un marco que incluye restricciones publicitarias muy severas, límites de depósito, verificación de identidad reforzada y una fiscalidad que los operadores consideran asfixiante. Todo eso con la mejor intención: proteger al jugador, prevenir la ludopatía, evitar el blanqueo de capitales.
El resultado, sin embargo, ha sido mixto. La facturación del mercado regulado español se ha estancado, mientras que un porcentaje creciente de jugadores ha migrado hacia plataformas internacionales que operan fuera de la jurisdicción de la DGOJ. Es decir, buscan alternativas a las casas de apuestas con licencia nacional, ya sea porque encuentran mejores cuotas, procesos de registro más ágiles o simplemente menos restricciones en su experiencia de uso. No todos lo hacen por las mismas razones, pero el flujo es real y está documentado por los propios informes del regulador español. De hecho han aparecido sitios como Betmonka que ofrecen información sobre las mejores casas de apuestas online específicamente para este tipo de perfiles que buscan opciones fuera del mercado regulado.
Ese fenómeno es exactamente lo que la AIEJA advierte que puede pasar en México si la reforma fiscal no va acompañada de una modernización legislativa real. Subir el IEPS al 50% sin ofrecer un marco legal claro para los operadores digitales es invitar a que el mercado gris, que ya representa el 60% de la actividad, crezca aún más. Y cuando el usuario se mueve al mercado no regulado, pierde todas las protecciones que la regulación supuestamente le iba a dar.
Más allá de las apuestas: la zona gris no es exclusiva de un sector
Sería un error pensar que este problema afecta solo a la industria del juego. La zona gris regulatoria en Latinoamérica se extiende a prácticamente todos los sectores digitales que implican transacciones económicas.
Fintech y pagos digitales
México tiene la Ley Fintech de 2018, una de las primeras de la región. Pero su implementación ha sido desigual y muchas empresas operan en un limbo entre lo regulado y lo no regulado. Las billeteras digitales, los servicios de pago fraccionado (buy now, pay later) y los exchanges de criptomonedas conviven con marcos normativos que no siempre los reconocen explícitamente. En la Comarca Lagunera, donde los pagos digitales crecen cada año entre los comercios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, esa incertidumbre afecta directamente a los negocios que quieren digitalizarse pero no saben qué regulación les aplica.
Criptomonedas
El Banco de México ha dejado claro que las criptomonedas no son moneda de curso legal, pero millones de mexicanos las compran, venden y usan a diario. Plataformas como Bitso operan bajo la Ley Fintech, pero el universo DeFi (finanzas descentralizadas) queda fuera de cualquier marco. La regulación existe a medias: suficiente para dar una falsa sensación de orden, insuficiente para proteger al usuario real.
Economía colaborativa
Uber, DiDi, Rappi y otras plataformas llevan años operando en México en una zona gris laboral y fiscal que solo se ha resuelto parcialmente. Los conductores no son empleados pero tampoco autónomos plenos. Las plataformas pagan impuestos digitales desde 2020, pero la protección social de los trabajadores sigue sin resolverse. En la Laguna, donde estas plataformas se han integrado en la vida cotidiana, la regulación va a remolque de una realidad que ya es parte del tejido urbano.
El Mundial 2026 como catalizador: ahora o nunca
Si hay algo que puede forzar a México a actualizar su marco regulatorio digital, es el Mundial de fútbol de 2026. Con tres sedes mexicanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), una avalancha de turismo internacional y un pico de actividad económica digital que no tiene precedentes, el país se enfrenta a una prueba de fuego.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja presentó en octubre de 2025 una iniciativa para derogar la Ley de 1947 y crear un Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, una autoridad específica que asumiría regulación, inspección y sanciones con reglas similares a las de Colombia o España. La propuesta incluye una edad mínima de 21 años para apostar, mecanismos de autoexclusión, prohibición de cajeros automáticos dentro de salas de juego y límites de apuestas basados en la capacidad económica del jugador.
Pero el proyecto, según reconoce la propia AIEJA, lleva meses "en un cajón". Mientras tanto, se aprueban reformas fiscales parciales que impactan al sector sin ofrecerle un marco integral. Y el reloj del Mundial sigue corriendo. Si México no consigue aprobar una legislación moderna antes de junio de 2026, afrontará el mayor evento deportivo de su historia reciente con un marco normativo del siglo pasado para un mercado del siglo XXI.
¿Qué debería tener una buena regulación digital?
No existe un modelo perfecto, pero los expertos y las experiencias comparadas apuntan a varios principios comunes que cualquier regulación digital debería cumplir para funcionar en la práctica.
Lo primero es la claridad: las reglas deben ser comprensibles tanto para el operador como para el usuario. Cuando el marco legal es tan complejo que solo un bufete de abogados especializado puede interpretarlo, algo falla.
Lo segundo es la proporcionalidad fiscal. Los impuestos deben ser suficientes para que el Estado recaude y financie protecciones, pero no tan altos que el operador legal no pueda competir con el ilegal. El equilibrio es delicado, pero países como Colombia o Reino Unido (antes de sus últimas reformas) demostraron que es posible.
Lo tercero es la protección real del usuario: mecanismos de autoexclusión, límites de gasto, verificación de edad. Pero sin convertir el proceso de registro en una carrera de obstáculos que expulse al usuario hacia plataformas sin control. Y lo cuarto, quizá lo más difícil, es la velocidad: las leyes deben incluir mecanismos de actualización ágiles, porque el mercado digital cambia más rápido que cualquier ciclo legislativo.
La Laguna digital: el reflejo local de un problema global
Todo esto puede sonar lejano si uno lee este artículo desde Torreón. Pero no lo es. La Comarca Lagunera se ha digitalizado a gran velocidad en los últimos cinco años. Los pagos con código QR se han normalizado en el mercado de abastos, las apps de delivery cubren Torreón, Gómez Palacio y Lerdo con una densidad que rivaliza con ciudades mucho más grandes, y el consumo de servicios digitales internacionales crece entre la población joven lagunera.
Cada vez que un lagunero usa una plataforma fintech para enviar dinero, compra una criptomoneda, pide un viaje por app o accede a un servicio de entretenimiento digital hospedado en otro país, está participando en esa zona gris regulatoria de la que hemos hablado. No por mala fe, sino porque la oferta digital ha superado con creces la capacidad de la ley para categorizar lo que es legal, lo que es ilegal y lo que simplemente no se ha regulado todavía.
La solución no es prohibir. La historia ha demostrado que prohibir servicios digitales sin ofrecer una alternativa legal viable solo empuja al usuario a la clandestinidad. La solución es regular bien, regular a tiempo y regular pensando en el usuario real, no en el usuario teórico que imagina un legislador que nunca ha abierto una billetera digital.
Preguntas frecuentes
¿Por qué la Ley Federal de Juegos y Sorteos de México está obsoleta?
Porque fue promulgada en 1947, mucho antes de que existieran internet, las plataformas digitales o los pagos electrónicos. La ley fue diseñada para regular rifas, sorteos y ferias presenciales, y no contempla ningún aspecto del juego online. Las plataformas de apuestas digitales solo pueden operar como extensión de licencias físicas otorgadas a casinos presenciales, un modelo que no se corresponde con la realidad del mercado actual.
¿Cuánto subió el impuesto a las apuestas online en México en 2026?
El IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) aplicable a los juegos de azar online pasó del 30% al 50% sobre el valor total de las apuestas a partir del 1 de enero de 2026. La reforma también incluye a las plataformas digitales de operadores extranjeros que ofrezcan servicios a usuarios en territorio mexicano.
¿Qué porcentaje del mercado de apuestas online en México es ilegal?
Según la AIEJA (Asociación de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México), aproximadamente el 60% de las plataformas de apuestas online que operan en el país lo hacen sin una vinculación directa con una licencia regulada por la Secretaría de Gobernación. Solo el 40% del mercado opera dentro del marco legal.
¿Qué propone la iniciativa del diputado Ricardo Mejía Berdeja?
La iniciativa, presentada en octubre de 2025, propone derogar la Ley de 1947 y crear un Instituto Nacional de Juegos y Sorteos como autoridad reguladora independiente. Incluye medidas como la edad mínima de 21 años para apostar, mecanismos de autoexclusión, límites de apuesta basados en capacidad económica, prohibición de cajeros automáticos en salas de juego y mayor transparencia operativa.
¿Qué relación tiene el Mundial 2026 con la regulación de las apuestas en México?
El Mundial 2026, con tres sedes mexicanas, se espera que genere un pico histórico de actividad en el mercado de apuestas deportivas. Eso ha acelerado el debate sobre la necesidad de modernizar la legislación antes del torneo, para que México pueda gestionar ese incremento de actividad dentro de un marco regulatorio adecuado en lugar de con una ley de hace casi 80 años.
¿Cómo regula Brasil las apuestas online?
Brasil implementó un marco regulatorio propio para el juego online que entró en vigor en enero de 2025. Incluye verificación biométrica obligatoria para los usuarios, certificaciones de seguridad ISO 27001 para los operadores, requisitos estrictos de prevención de blanqueo de capitales y multas para quienes incumplan. A diferencia de México, Brasil diseñó su regulación pensando directamente en el entorno digital.
¿Qué es una zona gris regulatoria?
Una zona gris regulatoria es un espacio donde una actividad económica no está claramente prohibida ni expresamente permitida por la legislación vigente. En el contexto digital latinoamericano, esto ocurre cuando servicios como las fintech, las criptomonedas o las plataformas de apuestas online operan en mercados donde la ley no los contempla explícitamente, generando incertidumbre para operadores y usuarios.
¿Afecta la regulación digital a los negocios de la Comarca Lagunera?
Sí. Los negocios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo que utilizan pagos digitales, plataformas de delivery, servicios fintech o comercio electrónico transfronterizo operan dentro de marcos regulatorios que en muchos casos están incompletos. La incertidumbre normativa puede dificultar la adopción de herramientas digitales y generar costos imprevistos de cumplimiento.
¿Es mejor no regular que regular mal?
No necesariamente. La ausencia total de regulación deja al usuario sin protección frente a fraudes, estafas y malas prácticas. Pero una regulación excesiva, desproporcionada o desconectada de la realidad del mercado puede empujar a los usuarios hacia servicios no regulados, que es exactamente lo contrario de lo que se busca. El equilibrio entre protección y accesibilidad es el reto principal de cualquier legislador en materia digital.
¿Qué puede hacer México para mejorar su regulación digital?
Los expertos coinciden en varias prioridades: aprobar una nueva ley de juegos que sustituya a la de 1947, crear una autoridad reguladora especializada para el sector digital, equilibrar la fiscalidad para que el mercado legal pueda competir con el ilegal, implementar protecciones reales para el usuario (autoexclusión, límites, verificación de edad) y establecer mecanismos de actualización legislativa ágiles que permitan adaptar las normas a la velocidad del mercado.