Reclutamiento de menores por grupos criminales debe ser delito, plantea Ricardo Mejía

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales debe ser reconocido como delito y castigado con mayor severidad, planteó el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja.

Lo anterior, al advertir que las organizaciones delictivas han sofisticado sus mecanismos de captación mediante redes sociales, videojuegos, falsas ofertas de empleo y promesas de dinero fácil.

En ese sentido señaló que estas prácticas pueden comenzar con un contacto aparentemente inofensivo en plataformas digitales y terminar en sometimiento, obligando a las víctimas a incorporarse a estructuras criminales de las que posteriormente tienen dificultades para escapar.

Advirtió que el reclutamiento puede ser el inicio de una cadena de delitos como secuestro, desaparición, halconeo, homicidio y sicariato, además de arrebatar a las víctimas la posibilidad de decidir libremente sobre su propia vida.

“Cuando la víctima es una niña, niño o adolescente, no solo se pone en riesgo su integridad; se vulneran su dignidad, su identidad y su proyecto de vida”, sostuvo.


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Recuerda el caso del Rancho Izaguirre
Recordó que el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, puso nuevamente en el centro del debate los mecanismos utilizados por grupos criminales para captar personas, por lo que consideró indispensable fortalecer la respuesta institucional mediante legislación, inteligencia, tecnología y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Mencionó tan solo el año anterior presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta para reconocer el reclutamiento forzado como delito, sancionar a quienes incorporen personas a estructuras criminales y establecer una protección reforzada para niñas, niños y adolescentes, incluyendo agravantes cuando las víctimas sean menores de edad.
Afirmó que el tema será incorporado formalmente a la agenda legislativa durante el actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión, al considerar que existe una brecha entre reconocer el problema y contar con herramientas jurídicas suficientes para prevenirlo, investigarlo, sancionarlo y proteger a las víctimas.

“Cuando una organización criminal recluta a una persona no solamente incorpora un integrante a sus filas: le arrebata su voluntad, secuestra su presente y amenaza con cancelar su futuro”, señaló.