Suman 8 muertos en anexos; Congreso exige aplicar la ley

De enero de 2025 a la fecha, suman 8 personas muertas al interior de anexos de Coahuila; 7 de esos casos ocurrieron en la Región Sureste. Ante ello, se exigió reforzar inspecciones y aplicar sanciones a establecimientos que incumplan la ley.

Desde tribuna, el diputado Jorge Arturo Valdés Flores llamó a los ayuntamientos, autoridades de Salud y a la Fiscalía General del Estado a dejar de limitarse a la regulación en papel y hacer cumplir las disposiciones vigentes para los establecimientos privados de atención a las adicciones.

Señalan fallas en aplicación de la ley

Durante la sesión del Congreso del Estado, señaló que desde la publicación de la nueva Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones se establecieron mecanismos para identificar, censar y supervisar estos centros, además de obligaciones específicas para proteger a los usuarios.

Entre ellas, recordó, se encuentra la notificación al Ministerio Público de los ingresos y egresos en un plazo máximo de 24 horas, contar con profesionales de la salud, prohibir el ingreso de personas mediante acciones en domicilios particulares y evitar tratamientos forzosos, prácticas coercitivas, aislamiento y hacinamiento.

Añadió que la ley también establece que la atención de mujeres debe realizarse exclusivamente con personal femenino y que los establecimientos deben contar con un buzón de quejas y sugerencias, según mencionó.
Piden más supervisión y sanciones
Precisó que los ocho fallecimientos registrados desde enero de 2025, 7 de ellos en la Región Sureste, obligan a intensificar la supervisión y a actuar cuando se detecten violaciones a la normativa.
Por ello, planteó reforzar y ampliar los operativos de supervisión con la participación de los ayuntamientos, particularmente sus áreas de Salud, jurisdicciones sanitarias y corporaciones policiacas, además de las autoridades estatales.
Asimismo, puntualizó que cuando se detecten incumplimientos, deben aplicarse medidas de aseguramiento o suspensión de actividades por parte del Comité Estatal para la Supervisión de Establecimientos Especializados en Adicciones.
También pidió a familiares y usuarios denunciar cualquier abuso o anomalía dentro de estos establecimientos, con el propósito de evitar que los centros que incumplen la ley continúen operando sin consecuencias.