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Coahuila pide a Durango y Nuevo León tipificar el halconeo contra corporaciones

Los vacíos legales entre estados están dejando una puerta abierta para que las redes de halconeo apoyen las operaciones del crimen organizado, por lo que la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, exhortó a las legislaturas de Durango y Nuevo León a tipificar esta conducta en sus respectivos Códigos Penales.

Por lo anterior, advirtió que mientras Coahuila cuenta con disposiciones específicas para sancionar el espionaje y la facilitación de información a grupos delictivos, la falta de homologación en entidades vecinas puede ser aprovechada por quienes vigilan, acechan o transmiten información sobre los movimientos de las corporaciones de seguridad.

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Lanza exhorto a Congresos de Durango y Nuevo León

En ese sentido, en tribuna exhortó a los Congresos de Durango y Nuevo León a analizar la viabilidad de incorporar como delito las conductas de facilitación delictiva y espionaje a las corporaciones de seguridad, conocidas comúnmente como halconeo, incluyendo el uso de radiotransmisores, equipos de escaneo o cualquier dispositivo tecnológico para transmitir información sobre ubicaciones, operativos y movimientos tácticos.

Sostuvo que la delincuencia no reconoce fronteras estatales, por lo que el combate requiere un marco jurídico coordinado entre las entidades colindantes.

Señaló que permitir diferencias en la legislación puede generar espacios de impunidad cuando las redes criminales operan o se desplazan entre estados.

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Endurecen marco legal para sancionar conductas criminales

Recordó que en Coahuila desde 2019 se endureció el marco penal para sancionar el halconeo y otras conductas de apoyo a organizaciones criminales, como actuar de “pilero”, colocar ponchallantas o proporcionar información que facilite ataques contra corporaciones de seguridad, procuración de justicia y fuerzas armadas.

Detalló que el punto de acuerdo busca que Durango y Nuevo León adopten medidas similares para fortalecer el blindaje jurídico de la región y evitar que quienes proporcionan información estratégica a grupos delictivos puedan aprovechar diferencias entre las legislaciones estatales.

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Fuente original: El Siglo de Torreón
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