NAVAJA LIBRE – El Heraldo de Saltillo

El Gobierno de México asegura que la desaparición de personas es “una de las más altas prioridades nacionales”. Así respondió la Secretaría de Gobernación después de que expertos de Naciones Unidas alertaran sobre los niveles “alarmantes” de violencia que enfrentan las mujeres buscadoras. La afirmación sería alentadora si no contrastara tanto con lo que viven las propias familias.
Mientras el gobierno habla de prioridad, un grupo de madres buscadoras cumplió 22 días instalado frente a la Fiscalía General de la República sin conseguir que la fiscal Ernestina Godoy las recibiera directamente. Su exigencia no era una sentencia anticipada ni que la Fiscalía aceptara sin investigar sus acusaciones. Pedían algo mucho más elemental: que escucharan sus testimonios, recibieran sus denuncias e iniciaran las investigaciones correspondientes. La FGR, por su parte, sostiene que les ha brindado atención médica y mesas de diálogo; las madres insisten en que el problema central permanece: sus denuncias no han sido recibidas como ellas solicitan.
La contradicción es dolorosa. Son mujeres que no eligieron convertirse en investigadoras. Se vieron obligadas a aprender a caminar entre cerros, reconocer restos humanos, buscar fosas y seguir pistas porque alguien a quien aman desapareció y las instituciones no han conseguido encontrarlo. Los propios expertos de Naciones Unidas recuerdan algo elemental: buscar personas desaparecidas es responsabilidad primordial del Estado y esa carga no puede trasladarse a las familias.
Y como si el dolor de no saber dónde está un hijo no fuera suficiente, ahora también tienen que temer por su propia vida. Expertos independientes de la ONU documentaron casos recientes en Sinaloa que incluyen la desaparición de una defensora, agresiones contra buscadoras y familiares, y el atropellamiento de integrantes de un colectivo durante una manifestación. Amnistía Internacional ha documentado además desplazamiento forzado, estigmatización y revictimización entre las violencias que enfrentan estas mujeres.
El Gobierno rechaza que exista un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada contra personas buscadoras y enumera medidas como la Alerta Nacional de Búsqueda, bases de investigación y fortalecimiento de instituciones. Es importante reconocer esas acciones. Pero una política pública se mide también por lo que ocurre cuando una madre toca la puerta de una fiscalía.
No necesitamos que las madres buscadoras sean reconocidas únicamente en discursos o fechas conmemorativas. Necesitan protección efectiva, atención inmediata, investigaciones profesionales, coordinación entre fiscalías y mecanismos de seguridad construidos junto con los propios colectivos.
Porque existe algo profundamente injusto en que una madre tenga que buscar a su hijo porque el Estado no lo encontró y, además, deba arriesgar la vida haciendo el trabajo que correspondía al Estado.
La prioridad no se declara. La prioridad se demuestra encontrando a los desaparecidos y protegiendo a quienes los buscan.