Violentadores quedarán fuera de las candidaturas en Coahuila

En Coahuila, quienes hayan ejercido violencia contra mujeres, niñas, niños o adolescentes ya no podrán aspirar a representar a la ciudadanía en las urnas. La decisión se formalizó con la firma de un convenio entre el Poder Judicial, el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral del estado, que busca cerrar la puerta a quienes han vulnerado derechos fundamentales y garantizar que las candidaturas estén libres de antecedentes de violencia.

La medida responde a una exigencia social cada vez más fuerte en cuanto a que quienes buscan gobernar o legislar no tengan cuentas pendientes con la justicia por delitos como violencia familiar, agresiones sexuales o incumplimiento de obligaciones alimentarias. Se trata de poner un alto a la contradicción de que alguien con historial de violencia pueda pedir el voto ciudadano.

Existirán listas diferenciadas para diputaciones por representación proporcional y las boletas electorales incluirán la fotografía del candidato propietario.

El acuerdo establece que quienes busquen una candidatura deberán estar libres de sentencias firmes por delitos que atenten contra la vida, la integridad corporal, la libertad y seguridad sexual, el desarrollo psicosexual, así como por violencia familiar en cualquiera de sus modalidades, violencia a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género o por ser deudores alimentarios morosos.

El magistrado Miguel Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, subrayó que desde el Poder Judicial se han impulsado acciones concretas para proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Entre ellas se encuentran la creación de juzgados especializados en violencia contra las mujeres, el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres -que en 2025 contabilizaba mil 576 personas inscritas- y el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, pionero a nivel nacional, con 321 personas registradas.
Estos instrumentos, explicó Mery Ayup, no solo visibilizan y sancionan conductas indebidas, sino que también tienen efectos directos en la suspensión de derechos y prerrogativas, lo que fortalece su carácter vinculante.

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Con el convenio, el Poder Judicial asumirá la responsabilidad de informar si alguna candidatura se encuentra en los supuestos de violencia o incumplimiento de obligaciones alimentarias. De esta manera, se contribuye a la transparencia del proceso electoral y se brinda a la ciudadanía información objetiva para evaluar a quienes aspiran a representarla.
Los requisitos que ahora se formalizan en Coahuila ya cuentan con respaldo en el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Electoral local. Esto refleja la evolución del criterio conocido como “3 de 3” -que impedía a violentadores, acosadores y deudores alimentarios acceder a candidaturas- hacia un modelo más amplio e integral.
En palabras de Mery Ayup, se trata de colocar en el centro de la actuación institucional el derecho de mujeres, niñas, niños y adolescentes a vivir sin violencia.