Suprema Corte pospone discusión contra suspensión de derechos humanos en Coahuila

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso la resolución de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra diversas disposiciones de la Constitución y de las Cartas de Derechos del Estado de Coahuila.

La acción de inconstitucionalidad 134/2022 de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra se originó de un análisis de la CNDH donde encontró que desde agosto de 2022, el Congreso del Estado había establecido criterios propios de interpretación y control constitucional e incluso regulado la restricción y suspensión de derechos humanos. Contraviniendo los principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional.

Las personas que aparecen en la grabación laboraban en la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo

También modificó el contenido de ciertos derechos reconocidos en la Constitución Mexicana en materia de derechos a la familia, a la libertad sexual y a la seguridad jurídica.

Otro elemento cuestionado por la CNDH fue que si bien ciertas disposiciones afectan a los pueblos originarios y personas con discapacidad, el Congreso de Coahuila no realizó una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
El Congreso también estableció un “juicio local para la protección de los derechos humanos”, contraviniendo la Constitución federal y finalmente en la Carta de Derechos Civiles previó una protección especial a las mujeres en ciertos trabajos por “naturaleza física” lo que fue considerada basada en estereotipos.

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Poder Ejecutivo y Congreso de Coahuila intentaron presentar la controversia como infundada
En diciembre de 2022, aún como gobernador Miguel Ángel Riquelme, el Poder Ejecutivo del Estado alegó que sólo cumplió con su deber constitucional de promulgar y publicar el decreto, exponiendo argumentos a respaldar la constitucionalidad de las disposiciones, misma tarea que realizó el Poder Legislativo.
Luego de la integración de la nueva Corte, hasta septiembre de 2025 se turnó el expediente a la ministra Herrerías Guerra quien determinó en su proyecto que la acción de inconstitucionalidad era procedente y parcialmente fundada.

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En el apartado inicial, Herrerías manifestó que las entidades federativas no son competentes para determinar cómo se integra el catálogo de derechos humanos y el consentirles definir los instrumentos desintegraría la unidad y generaría un bloque constitucional.

               
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