Inmobiliarias gobiernan el desarrollo de Saltillo – massinformacion.com.mx
Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 31/08/26 (Más).- El sector inmobiliario no solamente construye colonias en Saltillo, desde hace años forma parte de los espacios políticos y administrativos donde se decide hacia dónde, cuánto y bajo qué condiciones puede crecer la ciudad.
Empresarios de la vivienda, exdirectivos de inmobiliarias y funcionarios procedentes de desarrolladoras han ocupado durante años posiciones desde las cuales se define el crecimiento de Saltillo.
Dos alcaldes llegaron al gobierno con antecedentes directos en el negocio inmobiliario; un desarrollador ha encabezado órganos municipales relacionados con regulación y desarrollo urbano durante tres administraciones consecutivas, y la actual directora de Desarrollo Urbano trabajó previamente gestionando trámites para una empresa constructora.
Una fuente que participó durante años en el desarrollo inmobiliario de la ciudad sostiene que esa penetración alcanza incluso la influencia en la definición de quiénes serán alcaldes y funcionarios y que su propósito ha sido facilitar proyectos, aun cuando existen restricciones ambientales.
“Yo veía que los desarrolladores estaban imponiendo alcaldes e imponiendo sus reglas”, afirmó al reconstruir lo ocurrido desde las administraciones municipales de Jericó Abramo Masso, Isidro López Villarreal, Manolo Jiménez Salinas, José María Fraustro Siller y, finalmente, Javier Díaz González.
La afirmación de que empresarios influyen en quién será alcalde no puede establecerse como un hecho y no existe memoria documental que lo pudiera soportar. Pero una revisión hecha por Más a partir de este testimonio sí encuentra una presencia extraordinariamente constante del negocio inmobiliario alrededor del poder municipal, justamente en las áreas donde se deciden usos de suelo, fraccionamientos, licencias, factibilidades y modificaciones a la regulación urbana.
En algunos casos, la vinculación comienza en el propio presidente municipal y en otros casos son funcionarios de alto nivel. Un ejemplo: Manuel González Zozaya fue funcionario en tres administraciones y fue desarrollador de vivienda y figura vinculada durante años a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).
En 2019 fue ratificado como presidente consejero ciudadano del Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria de Saltillo; en ese organismo estaban también el director de Desarrollo Urbano, Andrés Garza Martínez; Haydeé Nayeli Castro como secretaria técnica; representantes de Canadevi, y funcionarios de Medio Ambiente y Protección Civil.
Tres años después, González Zozaya fue elegido por unanimidad presidente del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, una instancia que participaría en la toma de decisiones sobre políticas públicas y estrategias de desarrollo urbano y asentamientos humanos de Saltillo.
En 2025 volvió a ser designado por unanimidad presidente del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano; es decir, un empresario del desarrollo inmobiliario ha encabezado organismos municipales relacionados con regulación o desarrollo urbano durante tres administraciones.
Los registros mercantiles ubican a González Zozaya entre los tres socios fundadores de Verjip Constructores Inmobiliarios, junto con Virgilio Verduzco Rosán y Manuel Jiménez Flores.
Aunque la relación empresarial no demuestra por sí misma una ilegalidad, sí permite establecer algo que hasta ahora ha permanecido disperso: que los mismos actores del negocio inmobiliario han aparecido repetidamente tanto alrededor de quienes gobiernan Saltillo como dentro de los organismos que participan en las decisiones sobre su crecimiento.
Los funcionarios también regresan
La fuente anónima sostiene que la influencia del sector inmobiliario no termina en el alcalde.
“Siempre ponen en Desarrollo Urbano y en Obras Públicas a alguien cercano a los constructores”, aseguró la fuente confidencial.
Otro caso es el de José Antonio Lazcano Ponce, quien fue nombrado en 2014 como director de Infraestructura y Servicios Públicos, así como Juan Fernando Pérez Charles, entonces director de Desarrollo Urbano. Ambos reaparecieron juntos años después en posiciones similares: Lazcano Ponce como director de Desarrollo Urbano y Pérez Charles regresó a la dependencia como subdirector de Gestión Urbana.
La fuente interpreta esos retornos como parte de una continuidad de los intereses de desarrolladores inmobiliarios dentro del aparato municipal. Aunque esa interpretación requiere ser atribuida a quien la formula; el regreso de los funcionarios, en cambio, es un hecho documentado.
De tramitar proyectos privados a autorizar el crecimiento de Saltillo, el caso actual ofrece otra expresión de esa puerta giratoria.
Haydeé Nayeli Castro Gutiérrez, hoy directora de Desarrollo Urbano del gobierno de Javier Díaz González, trabajó inmediatamente antes de ingresar al Ayuntamiento para una desarrolladora. Su currículum oficial señala que entre noviembre de 2016 y diciembre de 2017 fue coordinadora del área de trámites y gestoría de GP Vivienda para desarrollos y proyectos de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.
El 1 de enero de 2018 pasó directamente a la Dirección de Desarrollo Urbano municipal como subdirectora de la Unidad de Mejora Regulatoria, donde permaneció hasta enero de 2024. Después trabajó 11 meses en la Secretaría de Finanzas estatal y regresó en 2025 para ocupar la titularidad de Desarrollo Urbano.
No existe evidencia de que Castro Gutiérrez haya beneficiado desde su cargo público a GP Vivienda, pero el tránsito profesional es inequívoco: una persona encargada de gestionar ante las autoridades los proyectos de una desarrolladora terminó incorporándose a la dependencia ante la cual se procesan esos trámites y, años después, quedó al frente de ella.
Es exactamente el tipo de relación entre empresas y gobierno que la fuente pide observar.
Y mientras tanto, las constructoras avanzaron hacia Zapalinamé. El poder de esta aparente red adquiere relevancia ambiental cuando se observa qué ocurrió simultáneamente sobre las faldas de la sierra, protegida con dos decretos federal y estatal.
Los propios archivos de la Secretaría de Medio Ambiente muestran que Davisa Desarrollos Inmobiliarios presentó el 19 de diciembre de 2012 el informe preventivo número 173 para el Fraccionamiento Lomas del Refugio Segunda Etapa. El trámite fue aprobado mediante el oficio SGA 619/2013, fechado el 14 de mayo de 2013.
El 11 de octubre de 2013, la misma Davisa Desarrollos Inmobiliarios presentó el informe preventivo IP 149 para el Fraccionamiento Nuevo Teresitas Etapa Final.
Sólo 20 días después, el 31 de octubre, el Gobierno del Estado lo reportó aprobado mediante el resolutivo SGA 1639/2013.
Una semana después de aquella resolución, el Estado aprobó otro fraccionamiento del mismo corredor: Ruba Desarrollos, S.A. de C.V. presentó el 18 de octubre de 2013 el informe preventivo 153 para Monteverde Residencial y recibió el resolutivo SGA 1734/2013 el 8 de noviembre.
Aunque los documentos no demuestran que esas autorizaciones fueran ilegales, de hecho, prueban que pasaron por un proceso legal, sí demuestran que mientras el negocio inmobiliario mantenía una presencia creciente alrededor del poder municipal, las empresas obtenían las autorizaciones que permitían llevar la urbanización cada vez más cerca de las áreas ambientalmente sensibles de Zapalinamé.
La fuente relató también que durante uno de los periodos de José Antonio Lazcano Ponce se produjo un conflicto en torno a viviendas próximas al arroyo que atraviesa Lomas del Refugio, desarrollo promovido por Davisa. Según la versión, Protección Civil se resistió inicialmente a avalar el proyecto por el riesgo derivado de construir junto al cauce.
“Obligaron al que estaba en Protección Civil a que diera los permisos. Ese sí lo detuvo, pero lo obligaron”, aseguró.
La fuente identifica a Sergio Robles Garza, entonces director municipal de Protección Civil y Bomberos; menciona además a Eglantina Canales Gutiérrez, secretaria estatal de Medio Ambiente, y a Juan Francisco Martínez Ávalos, responsable de Protección Civil en el Gobierno de Coahuila.
Los cargos coinciden con registros de la época: Robles Garza era director municipal de Protección Civil y Martínez Ávalos aparece en los registros estatales como subsecretario de Protección Civil durante 2014, 2015 y 2016; Canales Gutiérrez era titular de la Secretaría de Medio Ambiente.
Lo que no puede acreditarse con documentos es la supuesta orden o presión para modificar una decisión de Protección Civil. Aun así, lo sí existe evidencia independiente de que el problema señalado por la fuente era real.
El 2 de marzo de 2016 se documentó que uno de los cauces que recibe escurrimientos del Cañón de San Lorenzo, en Lomas del Refugio, había sido cubierto con escombro. Vecinos atribuyeron a Davisa la construcción de un paso para permitir el tránsito de camiones y advirtieron que la intervención estaba formando una especie de represa.
Así, la acusación de presión política permanece por comprobar, pero el desarrollo, la empresa, los funcionarios, el arroyo y el problema de riesgo al que se refiere la fuente sí existieron en el tiempo y lugar que describe.
Para la fuente, ésa es precisamente la manera en que debe interpretarse la expansión inmobiliaria hacia Zapalinamé: no como una sucesión aislada de permisos, sino como el resultado de una relación de poder sostenida entre empresas que necesitan tierra para desarrollar y gobiernos que controlan los instrumentos para convertir esa tierra en negocio.
“No nomás afuera, sino adentro”, dijo al explicar la presencia que, según su conocimiento, adquirieron los desarrolladores dentro de las estructuras municipales.
Davisa, Ruba y otras empresas extendieron desarrollos habitacionales hacia las faldas de Zapalinamé mediante autorizaciones procesadas precisamente por las estructuras estatal y municipal responsables de regular el territorio. Sobre esa evidencia descansa la acusación más fuerte de la fuente: “Los desarrolladores no sólo han buscado permisos de los gobiernos de Saltillo; han buscado tener influencia sobre los gobiernos que otorgan esos permisos”.
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