Seguridad privada no es responsable de violencia en fraccionamientos: Consejo Empresarial

La violencia y los conflictos en fraccionamientos no son responsabilidad de los guardias de seguridad privada, sino de la falta de reglamentos internos, la omisión de denunciar ilegalidades y la contratación de servicios fuera de la ley, sostuvo Isaac del Bosque, presidente del Consejo de Seguridad Empresarial de Coahuila.

Lo anterior, tras los múltiples señalamientos hechos por autoridades y particulares, quienes apuntan al sector de la seguridad privada como eje de los hechos violentos en residenciales, como Las Trojes.

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Señalan omisiones internas en residenciales

Bajo este contexto, Del Bosque señaló que las agresiones, pleitos entre colonos, conflictos con mesas directivas y otros hechos recurrentes dentro de las residenciales están relacionados, en gran medida, con la ausencia o incumplimiento de reglamentos internos, así como con la permisividad ante conductas ilegales y abusos.

Advirtió además que en numerosos fraccionamientos el personal de seguridad, limpieza, jardinería y otros trabajadores especializados es objeto de maltrato y humillaciones por parte de residentes, situación que agrava los conflictos internos.
Sostuvo que la obligación de garantizar el orden dentro de estas comunidades también corresponde a los propios fraccionamientos, que deben cumplir con las leyes y reglamentos aplicables.
Registro de reglamentos y convivencia vecinal
Afirmó que contar con un reglamento interno debidamente registrado no es opcional, sino una obligación que, a pesar de ser conocida por administradores y residentes, es omitida de manera negligente en numerosos casos.
Explicó que estos reglamentos deben registrarse ante la Dirección General de Urbanismo de los ayuntamientos y ante el Centro de Justicia Municipal, donde existe el denominado Registro Vecinal de Convivencia, cuyo objetivo es contribuir al orden, la seguridad, la mediación y la resolución de conflictos entre colonos.
Empresas legales y servicios irregulares
También rechazó que la seguridad privada legal opere sin controles, ya que las empresas establecidas formalmente en Coahuila deben cumplir protocolos de calidad y atención, mecanismos de resolución de conflictos, capacitación, además de una amplia cantidad de permisos, certificaciones y trámites, sujetos a múltiples inspecciones anuales.
En caso de incumplimiento, agregó, las empresas pueden ser multadas o suspendidas; sin embargo, uno de los problemas recurrentes es la contratación de compañías de seguridad ilegales por parte de fraccionamientos y otros particulares que buscan reducir costos.
Esta práctica, añadió, termina colocando servicios de seguridad deficientes en comunidades donde se requiere personal profesional.
Medidas planteadas
Ante este escenario, planteó tres medidas concretas: obligar a los fraccionamientos a registrar y hacer cumplir sus reglamentos internos; verificar y sancionar a los particulares que contraten servicios especializados ilegales; y evitar que se encubran delitos o conductas antijurídicas, mediante la denuncia correspondiente.
Resaltó que el cumplimiento de estas obligaciones permitiría atacar desde el origen buena parte de los conflictos que actualmente terminan involucrando a los elementos de seguridad privada, quienes no deben ser utilizados como sustitutos de la autoridad ni como responsables de resolver confrontaciones entre residentes.