Hasta 30 años de cárcel por reclutamiento forzado, propone Berdeja contra crimen organizado

 Hasta 30 años de prisión podrán alcanzar quienes recluten de manera forzada a personas para incorporarlas a grupos criminales, luego de que la Cámara de Diputados aprobara reformas para tipificar y sancionar esta conducta, destacó el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja.

Según indicio, el dictamen fue avalado con 419 votos a favor y ninguno en contra e incorpora un capítulo específico sobre reclutamiento forzado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

La reforma establece penas de 10 a 20 años de prisión, mientras que en casos donde existan agravantes como intimidación, amenazas, coacción, violencia física o moral y abuso de poder, las sanciones podrán incrementarse hasta 30 años de cárcel.

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Señaló que uno de los principales objetivos es reforzar la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes pueden ser captados mediante engaños, falsas ofertas laborales, amenazas o violencia, incluso a través de redes sociales y plataformas digitales.
Cabe destacar que desde el 2025 el legislador impulsó esta modificación, por lo que advirtió que las organizaciones criminales han diversificado sus mecanismos de captación, por ello, resulta necesario contar con herramientas jurídicas específicas para combatir el reclutamiento de personas.
Añadió que la modificación también contempla agravantes cuando las víctimas sean personas indígenas, afromexicanas o migrantes, así como cuando en los hechos participen funcionarios públicos o personas que hayan pertenecido a corporaciones de seguridad o a las Fuerzas Armadas.

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Sostuvo que la reforma representa un avance para cerrar vacíos legales y sancionar de manera específica la incorporación de personas a estructuras delictivas, particularmente cuando se aprovechan condiciones de vulnerabilidad económica o social.
No obstante, puntualizó que la aplicación efectiva de las nuevas disposiciones deberá acompañarse de acciones de prevención, investigación, atención a víctimas y coordinación entre autoridades para combatir el reclutamiento forzado y evitar que niñas, niños y jóvenes sean utilizados por organizaciones criminales.