Empresa defrauda a treinta personas en Saltillo – vanguardia.com.mx
Un total de 30 personas se manifestaron al exterior de la empresa ANM Motors para exigir a los encargados la devolución de los pagos y enganches que realizaron como parte del proceso para adquirir un vehículo.
La situación provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal de Saltillo, luego de que se registraran forcejeos entre los afectados y empleados de la concesionaria.
Una de las afectadas, Rosalinda, originaria de Ramos Arizpe, Coahuila, relató que fue contactada a través de redes sociales durante el mes de septiembre.
Se trataba de supuestos ejecutivos de ANM Motors, quienes le ofrecieron un Chevrolet Aveo mediante un esquema de financiamiento que contemplaba un enganche de 17 mil pesos y mensualidades de cuatro mil pesos.
La entrega del automóvil estaba programada para los primeros días de octubre; sin embargo, llegado el plazo, la empresa no cumplió con lo acordado.
Ante la falta de respuesta, durante la mañana de este viernes acudió a las instalaciones para entrevistarse con el gerente, identificado como Josué Elías Briseño.
Según su testimonio, el hombre le aseguró que sí le entregaría el vehículo, pero condicionó la operación a que dejara las escrituras de su domicilio como garantía o, en su defecto, adelantara el pago de ocho mensualidades.
La propuesta no le pareció adecuada, por lo que decidió solicitar la devolución del dinero que había entregado. Sin embargo, únicamente recibió una negativa por parte de la empresa.
Ante la falta de una solución, permaneció al exterior del establecimiento, donde posteriormente se congregaron más personas que también acudieron a reclamar la devolución del dinero que habían entregado para la supuesta compra de automóviles.
Los inconformes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que las instalaciones de la empresa, ubicadas sobre el bulevar Venustiano Carranza y la calle José Cárdenas Valdez, sean desmanteladas sin que antes se les dé una respuesta sobre sus inversiones.
Por ello, exigieron una explicación clara por parte de los responsables y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investiguen los hechos y se determine si existe alguna responsabilidad legal.
En medio de los reclamos y ante el aumento de la tensión, los empleados optaron por salir del establecimiento y cerrar las instalaciones, presuntamente por temor a ser agredidos por los manifestantes.
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